La combinación de alcohol y drogas se ha consolidado como uno de los problemas de salud pública y seguridad más delicados en España y en buena parte de Europa. En los últimos meses se han multiplicado las iniciativas que abordan este fenómeno desde frentes muy distintos: prevención en institutos, controles en carretera, dispositivos especiales en fiestas multitudinarias, sentencias judiciales ejemplarizantes y programas de tratamiento ligados a la violencia de género.
Desde las aulas de secundaria hasta las carreteras, pasando por los juzgados y los programas de intervención con agresores, distintas instituciones están intentando frenar el impacto de las conductas de riesgo asociadas al consumo de sustancias. Las administraciones insisten en que no basta con informar de los peligros: buscan también cambiar actitudes, reforzar la capacidad de decir “no” y, cuando es necesario, activar la vía penal y la rehabilitación.
Testimonios desde prisión para prevenir el consumo entre jóvenes
Dentro de este panorama, una de las iniciativas más llamativas es “In-presos”, una actividad impulsada por el área de Juventud e Infancia en el marco del programa de Ciudadanía y Fomento de la Convivencia en las aulas. En esta propuesta, internos del Centro Penitenciario de Huelva se desplazan al Centro Multifuncional Hacienda Santa Cruz para compartir con estudiantes de institutos de secundaria cómo el alcohol, las drogas y determinadas decisiones precipitaron la pérdida de su libertad.
Durante toda una jornada, el alumnado mantiene un encuentro directo con hombres y mujeres que integran la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la prisión. Les narran su trayectoria vital, el inicio del consumo, la escalada hacia conductas delictivas y el impacto que todo ello ha tenido en su familia, su salud y su futuro. Por la tarde, esa misma dinámica se abre a asociaciones y colectivos del municipio, ampliando el efecto sensibilizador más allá de las aulas.
La responsable de Juventud e Infancia, Mercedes Bueno, subraya el valor humano de esta metodología: escuchar a personas privadas de libertad, sin artificios ni diapositivas, genera un impacto que difícilmente se logra con conferencias teóricas. La idea es que los chicos y chicas puedan verse reflejados en ciertos momentos de esos relatos y entiendan que una cadena de decisiones aparentemente “pequeñas” puede acabar en una condena.
Más allá del mensaje sobre las sustancias, el área de Juventud quiere fortalecer la personalidad y la autonomía de cada joven: que sepan detectar situaciones de riesgo, que se sientan con recursos para pedir ayuda y que desarrollen una imagen de sí mismos que sirva como base para un cambio positivo en su entorno. El objetivo final es fomentar una ciudadanía activa y responsable, capaz de ejercer sus derechos y deberes con conciencia social y empatía hacia los problemas que genera el consumo de alcohol y drogas.
Hacia un protocolo estatal de controles de alcohol y drogas a conductores profesionales
En el ámbito laboral, sobre todo en el transporte de mercancías y viajeros, está cada vez más cerca la implantación generalizada de controles de alcohol y drogas a los conductores. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), junto con la patronal de transporte de viajeros Confebús y los sindicatos UGT y CCOO, ha acordado un protocolo que se ha remitido a la Dirección General de Tráfico (DGT) para que sirva de base a una futura norma de ámbito nacional.
Actualmente sólo existen acuerdos de este tipo en los convenios de Asturias y la provincia de Valencia, que permiten realizar varias rondas de pruebas al año a los profesionales de la conducción. Estos dos textos han funcionado como referencia para diseñar un modelo que pueda incorporarse al conjunto de convenios provinciales, una vez que la DGT y los ministerios implicados lo analicen y se publique, si todo avanza, en el Boletín Oficial del Estado.
Los convenios pioneros fijan, por ejemplo, que las empresas deben preavisar por escrito con al menos 15 días de antelación a los representantes de los trabajadores o a los sindicatos firmantes antes de poner en marcha los controles. Además, delimitan el número de campañas anuales y las condiciones en que se realizan, siempre bajo el paraguas de la prevención de riesgos laborales y no del castigo inmediato.
Uno de los aspectos más relevantes para los sindicatos es la existencia de un “marco de tratamiento”. Este marco establece que los conductores que reconocen una dependencia del alcohol o las drogas y piden someterse a un programa de rehabilitación puedan evitar sanciones disciplinarias severas mientras dure ese proceso. Es decir, se intenta equilibrar la necesidad de seguridad vial con la de favorecer la recuperación de las personas con adicción, en lugar de limitarse a expulsarlas del mercado laboral.
En la versión más avanzada de estos acuerdos, como el convenio valenciano, la selección de qué parte de la plantilla será sometida a pruebas se deja en manos de los servicios de prevención, que deberán basarse en criterios de riesgo objetivos. Se tiene en cuenta tanto la seguridad individual del conductor como la del resto de trabajadores y usuarios, de forma que los controles se dirijan a los puestos y situaciones más críticos.
Controles especiales en fiestas multitudinarias y en las ciudades
La preocupación por el consumo de alcohol y drogas en la conducción se intensifica durante las fiestas populares, cuando se multiplican los desplazamientos y el consumo de sustancias. En la provincia de León, la Subdelegación del Gobierno y los ayuntamientos de Astorga y La Bañeza han preparado dispositivos de seguridad para la Piñata de Astorga y el Carnaval de La Bañeza, dos citas que congregan a miles de personas cada año.
En Astorga, la Policía Local ha previsto refuerzos de agentes y un dispositivo específico para el sábado, tanto por la tarde como durante la noche. En ese marco se llevarán a cabo controles de alcohol y drogas en las principales zonas de ocio, coordinados con la Policía Nacional, que incrementará sus efectivos y vigilará también las estaciones de tren y autobuses para supervisar las llegadas y salidas de visitantes.
En La Bañeza, la Guardia Civil y la Policía Local desplegarán más de una veintena de patrullas para controlar los accesos a la ciudad durante los días grandes del carnaval. Está previsto que los controles de alcoholemia y drogas se intensifiquen, sobre todo, en las noches de sábado y lunes, coincidiendo con los momentos de mayor consumo y desplazamientos. Durante los desfiles también habrá presencia policial a pie y en vehículo para evitar incidentes.
De forma paralela, se ha trasladado al sector de la hostelería la recomendación de retirar objetos que puedan convertirse en arrojadizos y extremar las medidas de seguridad en bares y locales nocturnos. El subsector de Tráfico de la Guardia Civil activará órdenes de servicio especiales para vigilar las carreteras de acceso y reducir la siniestralidad asociada al consumo de alcohol y drogas, con especial atención a las salidas de vía, uno de los tipos de accidente más frecuentes en estas fechas.
En el ámbito urbano, los cuerpos locales también van afinando sus estrategias. En Las Palmas de Gran Canaria, agentes de Movilidad y de la Unidad de Distrito de la Policía Local interceptaron recientemente a un conductor en el barrio de Guanarteme que había dado positivo tanto en drogas como en alcohol en un control rutinario. El caso resultó aún más grave al comprobarse que el implicado tenía el permiso de conducción retirado de forma administrativa, pero seguía circulando.
Refuerzo sistemático de pruebas de drogas en Ceuta
En la ciudad autónoma de Ceuta, la Policía Local, adscrita a la Consejería de Presidencia y Gobernación, ha dado un salto cualitativo en su actividad de seguridad vial. A lo largo del año 2025, el cuerpo ha intensificado de manera notable los dispositivos orientados a prevenir siniestros y a disuadir conductas de riesgo al volante, con especial énfasis en la conducción tras el consumo de alcohol y, muy especialmente, de drogas.
Dentro de los controles preventivos diarios en distintos puntos del término municipal, se han realizado un total de 380 pruebas de detección de drogas. Esta cifra ilustra el esfuerzo continuado por parte de la policía ceutí para proteger tanto a conductores como a peatones, integrando los test de drogas como una herramienta habitual más que como dispositivos aislados.
De las pruebas practicadas, 106 incluyeron toma de muestra para su análisis detallado. El balance final muestra 21 resultados negativos frente a 85 positivos, lo que pone de relieve que un porcentaje muy significativo de conductores sigue poniéndose al volante tras consumir sustancias prohibidas. Esta realidad sustenta la decisión de mantener e incluso reforzar estos operativos.
Como consecuencia de esos positivos, la Policía Local ha promovido la apertura de procedimientos judiciales por posibles delitos contra la seguridad vial, en concreto cinco causas penales, además de 80 expedientes administrativos conforme a la normativa vigente. Las autoridades locales recalcan que estas actuaciones no tienen únicamente un propósito sancionador, sino también pedagógico, al enviar un mensaje claro sobre la gravedad de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Desde el cuerpo se insiste en que los datos confirman la necesidad de mantener la presión preventiva. Consideran que los controles sistemáticos constituyen un filtro imprescindible para sacar de la circulación a los conductores más peligrosos, reducir la probabilidad de accidentes graves y proteger la integridad del conjunto de la ciudadanía que comparte la vía pública.
Sentencias ejemplares por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas
La respuesta al binomio alcohol-drogas y conducción también llega desde los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado recientemente la condena a cuatro años de prisión impuesta a un vecino de Pozoblanco, en Córdoba, por provocar un grave accidente cuando conducía tras consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, llevando en el coche a su esposa y a sus dos hijas menores.
Según la resolución, los hechos ocurrieron de madrugada. El condenado obligó a su familia a subir al vehículo a pesar de ser plenamente consciente de que su estado de intoxicación comprometía su capacidad para conducir con seguridad. Emprendió la marcha hacia la carretera nacional A-423, en dirección a Alcaracejos, y durante el trayecto mantuvo una acalorada discusión con su pareja, gesticulando y girándose hacia atrás mientras circulaba a gran velocidad.
En un punto concreto de la vía, el kilómetro 2,200, el conductor notó que el coche se desplazaba hacia la derecha y reaccionó con un brusco volantazo a la izquierda. Esa maniobra descontrolada provocó que el turismo derrapara y volcara, dando varias vueltas sobre un terraplén y dejando una trayectoria de unos 172 metros. El resultado fue un siniestro de gran violencia con importantes daños personales.
La madre sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura abierta de tibia y peroné, daños en el codo, fracturas costales y otras heridas que requirieron un largo periodo de curación y dejaron secuelas permanentes. Las hijas también resultaron heridas, destacando un traumatismo facial grave en una de ellas. Los análisis reflejaron presencia de cocaína (y lidocaína) en sangre, y se acreditó, además, que el acusado conducía pese a haber perdido la vigencia de su permiso por pérdida total de puntos.
En su fallo, la Audiencia Provincial de Córdoba —ratificada por el TSJA— recalca que la clave jurídica está en determinar si el acusado generó, con su forma temeraria de conducir, un peligro concreto para la vida o la integridad de los ocupantes, y si lo hizo con un consciente desprecio por esos bienes. El tribunal concluye que el procesado se representó el riesgo y lo aceptó, lo que encaja en la figura del dolo eventual, aunque finalmente la condena se articula por un delito de conducción temeraria con resultado lesivo.
El Alto Tribunal andaluz también descarta la nulidad de las pruebas testificales planteadas por la defensa y considera que la condena se sustenta en indicios sólidos: consumo de alcohol y drogas, velocidad excesiva, discusión durante la marcha, pérdida de control del vehículo y el grave riesgo generado para su pareja y sus hijas. Este tipo de resoluciones lanza un mensaje claro sobre la responsabilidad penal que implica ponerse al volante en esas condiciones, especialmente cuando se pone en juego la vida de menores.
Alcohol, drogas y violencia de género: un factor que aumenta el riesgo
El impacto del alcohol y las drogas no se limita al tráfico y la seguridad vial. También se hace visible en el ámbito de la violencia de género, donde el consumo problemático de sustancias se ha identificado como un factor que incrementa el riesgo de reincidencia y de abandono de los programas de tratamiento por parte de los agresores.
Este vínculo ha sido analizado en profundidad por la investigadora Cristina Expósito Álvarez, profesora ayudante doctora del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Valencia. Su tesis doctoral, premiada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, estudia a hombres condenados por violencia machista que presentan problemas de adicción al alcohol y otras drogas y propone estrategias de intervención específicas para este perfil.
Expósito recuerda que la violencia de género es un fenómeno multifactorial, en el que confluyen variables personales, relacionales y sociales. El consumo de sustancias, por sí solo, no explica que un hombre sea violento —no todos los consumidores ejercen maltrato—, pero sí actúa como factor de riesgo que interactúa con otros elementos: desregulación emocional, impulsividad, baja empatía, traumas previos o dificultades para gestionar el estrés y la soledad.
En el marco del programa Contexto, un dispositivo de intervención con agresores machistas en colaboración con Instituciones Penitenciarias, se ha trabajado con más de 1.700 hombres condenados. La mitad de ellos presenta un consumo problemático de alcohol o drogas. El análisis de 1.039 participantes revela que quienes consumen en exceso tienden a mostrar mayor ira e impulsividad, peores habilidades de regulación emocional, menos apoyo social y más probabilidad de haber sufrido traumas en la infancia y la adolescencia.
Muchos de estos agresores usan las sustancias como forma de afrontar emociones desagradables o como “automedicación” frente a la depresión, el estrés o la soledad. El alcohol y las drogas actúan sobre el cerebro alterando el procesamiento cognitivo y la conducta, algo que puede intensificar las reacciones de ira en situaciones de conflicto y favorecer dinámicas de control y dominio sobre la pareja. Además, no es raro que ellos mismos intenten justificar su violencia atribuyéndola al consumo, lo que dificulta asumir la responsabilidad.
La tesis premiada también evalúa la utilidad de trabajar con “metas de cambio” claras en estos programas. Los resultados apuntan a que los participantes que formulan objetivos concretos muestran mayor compromiso con la intervención y abandonan menos el tratamiento, algo clave para reducir la reincidencia. Los programas bien estructurados no sólo disminuyen la probabilidad de nuevas agresiones, sino que mejoran competencias como la empatía, la flexibilidad cognitiva, las habilidades sociales y la conciencia sobre el daño causado.
En definitiva, tanto en el terreno de la seguridad vial como en el de la violencia de género, el consumo de alcohol y drogas aparece como un elemento transversal que agrava riesgos y complica los procesos de cambio. De ahí que las políticas públicas estén apostando por combinar controles, sanciones, programas educativos y tratamientos específicos, con la idea de ir más allá de los mensajes puntuales y construir una cultura de responsabilidad compartida frente a las sustancias.
