Toda sociedad debe estar regida por derechos y obligaciones que los ciudadanos deben cumplir, los mismos corresponden al ser humano desde antes del primer momento de oxígeno. Los derechos y obligaciones de cada quién son algo innegociable, y bien merecen ser respetados y protegidos tanto por el ordenamiento jurídico como por la conciencia colectiva.
Lo cierto es que no todos conocen la importancia y el valor que se requiere brindar tanto a los derechos que posee como a los deberes que debe cumplir, y de las necesidades de superación que debe tener cada individuo para que su vida sea mucho más próspera. Para ello debe saber con exactitud cuáles son esos cumplimientos que debe hacer según su compromiso con la sociedad, cómo se relacionan con la Constitución y con las normas internacionales sobre derechos humanos, y de qué manera su comportamiento cotidiano contribuye o perjudica la convivencia.
¿Qué es un derecho?
El término derecho se refiere, en un sentido amplio, al orden que mantiene la justicia, la diplomacia y los valores en una sociedad. Este concepto es estudiado por las ciencias jurídicas basándose en corrientes filosóficas y humanistas que buscan proteger la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto recíproco entre las personas.
Desde la perspectiva jurídica, el derecho también tiene una dimensión subjetiva. Hablamos de derechos subjetivos para referirnos a todas las facultades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico otorga al ciudadano para proteger sus intereses, exigir una conducta de otros o del propio Estado y defender su esfera de libertad. Aquí se encuentran los derechos más básicos que todo ser viviente debe gozar: el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la salud, a la libertad personal, a la intimidad, a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión, entre muchos otros.
En las constituciones modernas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que estos derechos son inviolables e inherentes a la persona. No proceden de una concesión del Estado, sino que el Estado los reconoce, los garantiza y está obligado a respetarlos e interpretarlos en armonía con los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
Además, el conjunto de derechos fundamentales y libertades públicas se entiende como el fundamento del orden político y de la paz social. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el respeto a la ley y a los derechos de los demás constituyen la base sobre la que se construye cualquier sistema democrático.
Derechos más importantes de un ciudadano
Hay que hacer énfasis en este aspecto: cada uno de los derechos es importante para todo ciudadano, por algo están establecidos según las leyes constitucionales de cada Estado y desarrollados por las normas ordinarias. El principio de igualdad ante la ley impide que haya discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Sin embargo, se pueden extraer algunos de los derechos prioritarios a los que todo ser humano debe acceder libremente y sin ningún condicionante. Muchos de ellos aparecen recogidos en los textos constitucionales como derechos fundamentales y libertades públicas, por su especial protección y por los mecanismos reforzados de garantía que los acompañan.
Derecho a la vida
El génesis de los demás derechos es el derecho a la vida que todo ser humano debe tener reconocido y protegido. Implica no solo la prohibición de privar arbitrariamente de la vida a una persona, sino también la obligación positiva del Estado de crear las condiciones que permitan una existencia digna.
El Estado debe garantizar que este derecho no sea violentado a ningún ciudadano; a su vez, debe crear mecanismos de protección para la vida de las personas, incluyendo la optimización de los equipos médicos gratuitos, la prevención de la violencia, las políticas de seguridad ciudadana y la atención urgente ante situaciones de riesgo extremo.
También forma parte de este derecho la promoción de la educación libre y abierta sobre las enfermedades y riesgos que residen en el país, y todo el seguimiento médico que deben tener los distintos procesos evolutivos que atraviesa el ser humano durante su crecimiento, la maternidad, la vejez y las situaciones de especial vulnerabilidad. Los tratados internacionales insisten en que nadie puede ser sometido a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, condición esencial para proteger la integridad física y moral unida a la vida.
Libertad de asociación
Cada individuo tiene la libertad de asociarse con algún ente o terceros de manera legal, lo cual incrementa las posibilidades de crecer, participar y expandirse a nivel regional o global. Este derecho permite la creación de asociaciones, fundaciones, sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones colectivas que persiguen fines lícitos.
Todo debe hacerse bajo las normativas y leyes que están establecidas en el país y que no irrumpan con el margen legal de las mismas. Las asociaciones que persiguen fines ilícitos o utilizan medios tipificados como delito serán consideradas ilegales, y en muchos ordenamientos se prohíben expresamente las asociaciones secretas o de carácter paramilitar, con el objetivo de proteger la seguridad y el orden público.
La libertad de asociación puede brindarle beneficios comunes a gran cantidad de personas: defensa de intereses profesionales, apoyo mutuo, acción social, participación política y cultural, así como la posibilidad de intervenir en los asuntos públicos mediante la representación organizada.
Libertad de expresión
Uno de los derechos más importantes del ser humano es la libertad de expresión sin condiciones ni limitantes arbitrarias. Todo ciudadano está en el derecho de expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, bajo el respeto y la tolerancia con terceros, de forma que no se violente el bienestar de los mismos ni sus derechos fundamentales.
Este derecho se complementa con el de comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión, así como con la libertad de creación literaria, artística, científica y técnica. En muchos sistemas jurídicos se reconoce el secreto profesional de periodistas y la cláusula de conciencia, para garantizar una información libre e independiente.
Es importante que en los países menos desarrollados el ciudadano goce de valores positivos en su crecimiento para que en la adultez puedan tener una libertad de expresión consciente, en la que la persona reconozca que es un derecho que no puede ser violentado por ningún ente gubernamental. Al mismo tiempo, esta libertad tiene límites en el respeto a la honra de los demás, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia, así como en la prohibición de discursos de odio o incitación a la violencia.
Acceso a la salud
Todos los ciudadanos deben tener acceso a la salud. El Estado debe asegurar el mantenimiento de los centros hospitalarios, la existencia de un sistema de salud pública eficiente y el acceso a prestaciones y servicios sanitarios suficientes. La protección de la salud se concibe como un derecho que combina medidas preventivas, asistenciales y de promoción de hábitos saludables.
La salud gratuita o asequible y de calidad debe ofrecerse sin discriminación alguna, garantizando que ningún derecho social tenga distinción socioeconómica injustificada. Los poderes públicos suelen fomentar también la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitan el uso adecuado del tiempo de ocio para mejorar la calidad de vida de la población.
Derecho a una educación libre
Al igual que la libertad de expresión, el derecho a la educación libre y abierta es fundamental para el crecimiento del ser humano. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
El Estado debe ofrecer educación libre a todos los niveles educativos, desde el inicial al universitario, garantizando la obligatoriedad y gratuidad de las etapas básicas y la no discriminación por razones económicas, sociales o culturales. Se reconoce también la libertad de enseñanza, la participación de profesorado, familias y, en su caso, alumnado en la gestión de los centros, y la autonomía de las instituciones universitarias.
El sufragio universal y secreto
El derecho al voto universal y secreto es uno de los pilares de la democracia representativa. A través del sufragio, el ciudadano puede seleccionar al candidato de su preferencia, aquel que ejercerá cargos públicos y tendrá la responsabilidad de gestionar los recursos y tomar decisiones en nombre de la población.
Este derecho implica elecciones periódicas, libres y competitivas, en las que todos los ciudadanos mayores de edad puedan participar en condiciones de igualdad. Algunas legislaciones reconocen también el derecho a ser elegido, así como a participar directamente en los asuntos públicos o por medio de representantes, y a acceder en igualdad de condiciones a las funciones y cargos públicos.
Propiedad privada y herencia
Todo ser humano tiene derecho a poseer una propiedad privada a su nombre y a poder recibir una herencia. La propiedad permite a las personas disponer de bienes y derechos para su uso y disfrute, siempre respetando la función social que la ley atribuye a este derecho.
Se debe garantizar el derecho a la adquisición libre de propiedades, bien sea a personas naturales como jurídicas, sin distinción injusta por los derechos económicos de nadie. En caso de expropiación por razones de utilidad pública o interés social, el ordenamiento suele exigir una indemnización adecuada y la observancia estricta de las garantías legales.
Derecho a la vivienda
El ciudadano debe tener acceso a una vivienda digna y adecuada, que cubra los servicios públicos básicos y en donde no tenga carencias de ningún tipo que pongan en riesgo su dignidad. Las políticas de vivienda deben orientarse a evitar la especulación en el uso del suelo, promover el alquiler asequible, facilitar el acceso a colectivos vulnerables y garantizar condiciones habitacionales que protejan la salud y la integridad de las personas.
Derecho al trabajo
Los ordenamientos modernos reconocen el derecho al trabajo y el deber de trabajar. Los Estados deben garantizar que las economías de sus regiones den la base para que las personas tengan un trabajo seguro, estable y rentable, así como la libre elección de profesión u oficio, la promoción a través del trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.
Evidentemente, las diferentes economías de cada país determinarán el futuro de la disponibilidad laboral en todo el territorio. Sin embargo, las normas suelen prever la negociación colectiva entre representantes de trabajadores y empresarios, el derecho a sindicarse, el derecho a la huelga para la defensa de intereses laborales y la protección frente a la discriminación en el empleo.
La calidad y trato de las empresas para con el ciudadano debe ser vigilada y protegida, en donde no se violen sus derechos como trabajadores ni se obstaculice su desempeño laboral. Se regulan también la seguridad e higiene en el trabajo, la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y el descanso necesario.
Derecho al libre tránsito
Todo ser tiene derecho a desplazarse por el territorio nacional sin ningún impedimento injustificado, así como a elegir libremente su residencia. Igualmente, muchas constituciones reconocen el derecho a entrar y salir libremente del país, en los términos que la ley establezca, y prohíben limitar este derecho por motivos políticos o ideológicos.
Por supuesto que, si el traslado se hace a nivel internacional, se deben conocer las diferentes normativas que aplica cada país, pero este por ningún motivo puede obstaculizarle el traslado a la persona a no ser que se traten términos de ilegalidad e irrespeto a la ley, como la comisión de delitos o el incumplimiento de obligaciones jurídicas relevantes.
¿Por qué un ciudadano tiene obligaciones?
Así como el ciudadano tiene derechos, debe cumplir con ciertas obligaciones con el Estado y con las demás personas que conviven con él. Las democracias modernas insisten en que los derechos no son absolutos, sino que encuentran su límite en los derechos ajenos y en la satisfacción del interés general.
Para mantener un equilibrio entre el bien común y las exigencias de convivencia para el desarrollo, es fundamental que las personas reconozcan sus deberes como responsabilidades consigo mismas, con la comunidad y con la patria. “Sin deber de respeto, la libertad se convierte en abuso; sin deber de contribuir, la igualdad se vuelve insostenible; sin deber de cumplir la ley, la justicia se desintegra”.
Las constituciones suelen recoger obligaciones específicas, como el deber de defender el país, contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante impuestos, trabajar, conservar el medio ambiente, colaborar en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, entre otros. De este modo, se refuerza la idea de que la ciudadanía responsable es el eje del Estado social y democrático de derecho.
Además de los deberes estrictamente legales, existen también deberes cívicos o morales, que no siempre se imponen mediante sanción, pero que resultan esenciales para la convivencia: participar en la vida democrática, respetar las opiniones ajenas, cuidar los bienes comunes, informarse antes de opinar, colaborar en la solución de problemas colectivos y ejercer un civismo activo tanto en la vida presencial como en la vida digital.
Obligaciones más importantes de un ciudadano
Cada una de las obligaciones que le competen al ciudadano tiene importancia, sin embargo, hay algunas que pueden convertirse en prioridad según un orden jerárquico y según lo que establecen las constituciones y leyes. A continuación se detallan algunas de las más relevantes, con una visión ampliada tanto desde el plano jurídico como desde el plano cívico.
Defender su territorio
Cada ciudadano debe garantizar al Estado el sentimiento patriota de protección a su nación. El deber de defender el territorio y el orden constitucional se traduce en la obligación de respetar los símbolos nacionales, apoyar la integridad del país y rechazar actos que pongan en riesgo su soberanía o su seguridad colectiva.
Por otra parte, toda persona puede verse llamada a prestar servicio militar o alguna forma de servicio equivalente para fines de interés general, de ser el caso de que su país se encuentre en periodo de guerras, conflictos graves o ante una posible amenaza. En muchos marcos jurídicos existe la objeción de conciencia y, en tal supuesto, se prevé una prestación social sustitutoria para quienes no puedan realizar el servicio armado por motivos éticos o religiosos.
Prestar servicio civil
En caso de catástrofes naturales o malestares sociales que requieran de atención inmediata, el ciudadano debe estar dispuesto a prestar servicio civil para con los afectados. Las leyes pueden prever de forma expresa la movilización ciudadana en casos de grave riesgo, calamidad pública o emergencias sanitarias.
Dentro de esta categoría entran las organizaciones sin fines de lucro que aportan ayuda a la sociedad, así como el voluntariado espontáneo y organizado. Participar en labores de rescate, distribución de alimentos, apoyo psicológico, reconstrucción de infraestructuras y acompañamiento a las víctimas es una manifestación concreta de este deber de solidaridad.
Respetar las leyes
Respetar cada una de las leyes y normativas del territorio donde se reside es uno de los pilares del Estado de Derecho. Todas las personas, instituciones y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; nadie puede situarse por encima de la ley ni imponer su voluntad al margen de las normas.
Este deber implica cumplir las normas de tráfico, las disposiciones administrativas, las obligaciones contractuales, las ordenanzas locales y todas las reglas que permiten una convivencia ordenada. En caso de conflicto, el ciudadano debe acudir al poder judicial de ser necesario, obteniendo la tutela efectiva de jueces y tribunales, sin que pueda producirse indefensión. El respeto y cumplimiento de las normas contribuye además a reducir la delincuencia y la impunidad, favoreciendo un historial jurídico más ordenado.
Defender la vigencia de la constitución
Los derechos y obligaciones nacen desde la constitución de las repúblicas y es fundamental que cada persona respete y defienda los valores, principios y normas que en ella se consagran. La Constitución no es solo un texto jurídico, sino el pacto básico de convivencia que articula los poderes del Estado y garantiza los derechos fundamentales.
A su vez, los poderes judiciales y legislativos, en conjunto con los ciudadanos, son responsables de que el poder ejecutivo cumpla con las responsabilidades del cargo, actuando siempre dentro de los límites constitucionales. Denunciar los abusos de poder, participar en procesos de reforma constitucional cuando proceda y ejercer una ciudadanía vigilante forma parte de este deber.
Promover la paz
Fomentar los valores positivos dentro de la sociedad e incrementar la educación libre y abierta son claves para la promoción de la paz dentro de la cultura del país. La paz no se limita a la ausencia de guerra, sino que incluye la resolución pacífica de conflictos, el diálogo, la tolerancia y la inclusión de todas las personas, sin discriminación.
Para ello los derechos humanos deben ser respetados y amparados por cada uno de los habitantes, de manera que se garantice una convivencia pacífica, se combata el discurso del odio y se promueva una cultura de respeto, especialmente en los entornos digitales, donde la interacción puede dar lugar a conflictos si no se ejerce una responsabilidad mínima.
Participar en su comunidad local
La participación y cooperación en la comunidad local es importante para aportar soluciones a problemas que afecten a todos los que la componen; a su vez, es una obligación moral y, en algunos aspectos, legal del ciudadano mantener el orden dentro del territorio donde habita.
Esta participación puede materializarse en juntas vecinales, asociaciones de barrio, consejos escolares, plataformas ciudadanas y otros espacios de deliberación. Tomar parte en consultas públicas, presupuestos participativos y procesos de planificación urbana permite que la comunidad se organice mejor y responda a sus propias necesidades.
Para ello es bueno aplicar planes de reciclaje, proyectos educativos para todas las edades y participar en conjunto con las escuelas para informar mejor a las futuras generaciones de relevo sobre derechos, deberes y valores cívicos. También es útil implicarse en campañas de protección del medio ambiente, de consumo responsable y de solidaridad con los más vulnerables.
Respetar a los demás
El mismo Estado debe brindar garantías a sus ciudadanos de que la tolerancia y respeto por el libre pensamiento sean utilizados como base de la convivencia. Todo ser necesita y merece respeto por parte de los demás, con independencia de su ideología, religión, origen, orientación sexual, capacidades o cualquier otra condición.
Es una de las obligaciones más importantes que adquirimos al momento de nacer, pero que no todos respetan y cumplen. Este deber incluye evitar insultos, humillaciones, violencia física o psicológica, acoso, discriminación y cualquier conducta que viole la dignidad ajena. En el entorno digital, se traduce en un civismo en redes sociales que rechaza la desinformación, los ataques personales y la difusión de bulos que puedan dañar derechos fundamentales.
Importancia de los derechos y obligaciones de los ciudadanos para un país
Toda sociedad debe regirse por el cumplimento de los derechos y obligaciones, tanto por parte del propio Estado como por parte de cada uno de los ciudadanos que la conforman. Los poderes públicos están vinculados por los derechos y libertades reconocidos en los textos constitucionales, y solo mediante ley pueden regular su ejercicio, siempre respetando su contenido esencial.
Además, no puede haber equilibrio social en una región en la que no se cumplan las leyes y la constitucionalidad de la misma. Cuando los derechos se proclaman pero no se respetan, el sistema pierde legitimidad; cuando los deberes son ignorados, la convivencia se resiente y aumentan los conflictos, la desigualdad y la desconfianza en las instituciones.
Todo país merece establecer normativas de convivencia y desarrollo para garantizar a sus ciudadanos un mejor vivir: normas de protección social y económica, regulaciones medioambientales, políticas de igualdad, mecanismos de participación ciudadana y sistemas de garantías judiciales que hagan efectivos los derechos y obligaciones de todos.
En el mismo orden de ideas, estas cualidades forman parte del carácter, desarrollo y personalidad del ser humano. En cierto punto, el buen desarrollo y respeto de los derechos y obligaciones le dan sentido a la vida del individuo, permitiendo crecer, tomar decisiones responsables, comprometerse con causas colectivas y comprender que la libertad incluye siempre un componente de responsabilidad hacia los demás.
De esta manera se reduce la mera supervivencia y se asegura una vivencia con dignidad, sin condiciones ni limitantes injustas, en la que cada persona pueda desarrollar su proyecto vital sabiendo que está protegida por el Derecho, pero también sabiendo que su propia conducta es esencial para que los demás gocen de esa misma protección. Una ciudadanía informada, consciente de sus derechos y fiel a sus deberes es el mejor soporte de cualquier democracia sólida.
Comprender a fondo este entramado de derechos y obligaciones, ejercerlos cada día y transmitirlos a las nuevas generaciones es la vía más eficaz para construir sociedades más justas, cohesionadas y pacíficas, donde la ley no se perciba como mera imposición, sino como una herramienta compartida al servicio de la dignidad humana.