L’Hospitalet de Llobregat vuelve a mirar de frente a una realidad incómoda: la muerte de un zapatero de 60 años, conocido como Javier, en el mismo local donde trabajaba. Los Mossos d’Esquadra investigan lo ocurrido y, según las primeras hipótesis, todo apunta a un suicidio marcado por la inminente pérdida de su negocio.
El caso ha removido a vecinos y colectivos porque no llega solo. Pocas semanas antes, otra mujer de este municipio, Olga, se quitó la vida después de haber sido desahuciada. Esa coincidencia ha puesto el foco en dos muertes vinculadas a la vivienda y ha vuelto a calentar la calle en plena crisis habitacional.
Hallazgo en la zapaterÃa de La Florida
El aviso llegó al 112 alrededor de las 12:50 horas. Un amigo de Javier se extrañó al ver que la persiana del establecimiento seguÃa a medio subir desde el dÃa anterior y, al comprobar que no habÃa movimiento, decidió alertar a emergencias. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida en el interior y no apreciaron indicios de criminalidad.
La tienda estaba en la calle Martà i Blasi, en el barrio de La Florida. El fallecido residÃa en Bellvitge, aunque con frecuencia pasaba la noche en el propio taller. Para quienes lo trataban, aquel lugar era mucho más que un simple negocio: era su principal anclaje vital.
Un procedimiento por impago y una fecha de desalojo
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado que un juzgado de L’Hospitalet tramitaba una demanda por el alquiler impagado. El procedimiento se admitió a trámite y, tras varias comunicaciones, en mayo se notificó personalmente al hombre. Al no presentar oposición, se dictó un decreto que puso fin al proceso y fijó el lanzamiento para el 5 de octubre.
Meses después, Javier acudió al juzgado y allà le comunicaron de forma presencial la fecha del desalojo. Desde entonces no consta que pidiera un aplazamiento ni que presentara algún escrito para frenar la decisión judicial, según la misma fuente. La nota que dejó escrita, citada por varios medios, relacionaba su decisión con la pérdida del local.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha señalado que el hombre no figuraba en los registros municipales de vulnerabilidad ni habÃa requerido asistencia de los servicios sociales. Aun asÃ, su entorno insiste en que el cierre del taller le generaba una angustia enorme. Para muchos vecinos, la soledad y la presión administrativa se sumaron a un cóctel especialmente duro.
Reacciones vecinales y sindicales
La muerte de Javier ha multiplicado las crÃticas de sindicatos y plataformas por el derecho a la vivienda. Estas organizaciones recuerdan el caso de Olga, una vecina del barrio de Santa Eulà lia que se quitó la vida meses después de ser desahuciada de su casa. Su historia se hizo pública hace apenas unas semanas y ya se habÃa convertido en un sÃmbolo del abandono institucional.
El Sindicat Habitatge Socialista de Catalunya ha hecho un llamamiento a salir a la calle y ha vinculado directamente lo ocurrido con la emergencia habitacional. Para este sábado está convocada una manifestación en la plaza Pius XII de L’Hospitalet, con una columna que partirá desde Barcelona, en memoria de Olga y como protesta por la falta de soluciones efectivas.
El malestar no se limita a este municipio. En los últimos meses se han repetido acampadas, concentraciones y acciones de protesta en ciudades como Barcelona y Madrid. Colectivos de inquilinas exigen que se convaliden los decretos impulsados por el Gobierno y que se frenen los desalojos mientras no existan alternativas habitacionales dignas.
La compra municipal de cinco edificios
En medio de la polémica, el Ayuntamiento de L’Hospitalet ha anunciado que ejercerá el derecho de tanteo y retracto para adquirir cinco edificios completos, con 148 viviendas, en uno de los cuales se encuentra el local donde trabajaba Javier. La operación prevista ronda los 27 millones de euros, a falta de una tasación independiente, y busca evitar que los inmuebles pasen a un fondo de inversión.
La propiedad actual es una inmobiliaria familiar que ha mantenido estos edificios en alquiler desde los años sesenta y que ahora pretendÃa venderlos a un fondo. El Consistorio asegura que llevaba meses trabajando en la compra, pero que las reglas de estabilidad presupuestaria le impedÃan destinar los recursos necesarios. El decreto estatal que permite usar remanentes en inversiones sostenibles ha abierto la puerta a cerrar la operación.
Cuando la propiedad volvió a comunicar la venta este mes de septiembre, el Ayuntamiento activó el procedimiento. La intención municipal es incorporar esas viviendas al parque público y frenar asà una operación que, según el equipo de gobierno, podrÃa agravar la presión sobre los inquilinos. El caso de Javier ha colocado esta compra en el centro de un debate mucho más amplio.
La muerte del zapatero y el recuerdo de Olga han convertido L’Hospitalet en el epicentro de una discusión que mezcla vivienda, salud mental y responsabilidad pública. Las próximas movilizaciones medirán el enfado social, mientras la investigación policial sigue abierta para aclarar las circunstancias exactas del fallecimiento. Lo que ya nadie discute es que la pérdida de un hogar o de un medio de vida puede empujar a situaciones lÃmite que exigen respuestas urgentes.