La Consejería de Educación de Castilla y León vuelve a mirar al movimiento asociativo para que la escuela sea un lugar de todos y para todos. En una reunión reciente, la consejera María Pardo, acompañada por el director general de Bienestar Educativo, Diego del Pozo, ha compartido con los representantes de Plena Inclusión Castilla y León las vías para seguir trabajando por una enseñanza que no deje a nadie fuera.
El encuentro ha servido para poner sobre la mesa las necesidades reales de las familias y de los centros. Plena Inclusión agrupa un movimiento asociativo que apoya a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que trabaja ámbitos como la educación, el empleo o la defensa de derechos. Desde la administración se valora especialmente que las propuestas nazcan desde el propio colectivo.
Una alianza que ya viene de lejos
La colaboración entre la Junta y esta federación no se improvisa. En 2018 se firmó un acuerdo para poner en marcha programas de formación, participación y atención a la diversidad, que se ha traducido en jornadas de buenas prácticas, actividades dirigidas al profesorado y recursos para mejorar la respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales.
En esta reunión se han repasado los objetivos que siguen pendientes y se ha recordado la apuesta por seguir sumando apoyos al movimiento asociativo, porque la experiencia de la federación es imprescindible a la hora de detectar huecos en el sistema educativo.
Medidas tangibles: el Respiro Escolar y el transporte adaptado
Entre las cuestiones concretas que ya están en marcha, destaca el Respiro Escolar, un programa que se apoya en entidades como Fundación Personas o ASPACE Castilla y León y que ofrece un descanso a las familias mientras sus hijos e hijas reciben una atención adecuada.
También se ha hablado de las ayudas para el transporte adaptado en centros privados concertados de educación especial, que facilitan la asistencia de quienes tienen discapacidad múltiple o movilidad reducida. Son apoyos que al final marcan la diferencia en el día a día de las familias.
En la conversación, los representantes de Plena Inclusión pusieron el foco en un puñado de prioridades:
- La eliminación de barreras de aprendizaje y participación en los centros.
- La mejora de la accesibilidad física y sensorial en las aulas.
- El refuerzo de los apoyos especializados para el alumnado más vulnerable.
- La mayor implicación de las familias en el proceso educativo.
La consejería subrayó que estos puntos forman parte de una escuela más justa y capacitada para atender a la diversidad, que busca que el alumno no tenga que adaptarse a todo lo que falla, sino que el sistema ofrezca herramientas para que el estudiante progrese.
La voluntad de reforzar esta vía de cooperación se mantiene firme desde la reunión, y no solo queda en palabras: se trata de mantener un canal constante entre la administración y Plena Inclusión, con un calendario de seguimiento y la intención de convertir estos encuentros en un espacio estable de cooperación.
Una década de trabajo conjunto, programas como el Respiro Escolar y las ayudas al transporte demuestran que la educación inclusiva no es un ideal abstracto, sino un objetivo que se logra con acuerdos y con recursos. Ahora el reto es seguir detectando los puntos que aún frenan a este alumnado para que ningún estudiante se quede atrás por sus capacidades o sus circunstancias.
